COLETILLA BISINDICAL.

Regresado de la capital de aportar mi presencia en la repulsa a la medievalización social. 

Leo la prensa del día y ¡oh sorpresa! los Srs. Toxo y Méndez piden negociar y concertar.

Se me aparece la imagen del personaje El Fanegas de la sátira del Tío la Vara del humorista Mora.

Igual que la colilla apagada que le cuelga de la comisura de los labios, así se me aparece esta coletilla de la negociación en boca de los dos, que ya devienen en personajes de opereta.

¿Tienen algún privilegio personal que preservar? ¿Son tontos del culo? En cualquiera de los dos casos sería mejor, por tener la fiesta en paz, que se retiraran a sus respectivos domicilios a ver telenovelas e interlobotomías.

No es posible que, como los cornudos, sean los últimos en enterarse e, incluso, que disfruten con el apaleamiento.

La clase obrera nunca ha tenido nada que negociar con sus explotadores.

Sólo desde una desviadísima óptica pequeñoburguesa ha podido llegarse a que unos sindicatos hayan ido intentando legitimar la pérdida de derechos elementales adquiridos con mucho sufrimiento.

Veremos en qué para la cosa como no cambien de ínfulas, que no está el horno para bollos.

Vuelvo de la manifestación con sentimientos encontrados. 

Por un lado, no he visto la masiva afluencia que el panorama desolador que se vislumbra haría necesario.

Por otro contemplo con agrado y optimismo incipiente que la cantidad, calidad siempre ha habido mucha, que camina tras la última pancarta rojinegra ha crecido muchísimo y con mucha juventud y entusiamo y claridad de ideas.

Despunta una esperanza.

Salud.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.

  http://kaosenlared.net/component/k2/item/8401-la-criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta-social-la-escalada-autoritaria-en-espa%C3%B1a.html

Feb 2012

 La criminalización de la protesta social: la escalada autoritaria en España

por Arturo Borra

Sábado, 18 de Febrero de 2012 20:08

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En este artículo se analiza la relación entre la escalada autoritaria del gobierno español así como su tendencia a criminalizar la protesta social y procesos políticos que afectan a toda Europa, ligados a la actual fase del capitalismo.

No hay política de ajuste que no implique, simultáneamente, como su contracara necesaria, una política represiva orientada a la domesticación de la protesta social. Al ineludible incremento de la conflictividad social ante decisiones radicalmente desequilibradas en la distribución de privilegios y perjuicios, el gobierno nacional arremete contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Medidas antipopulares como la reforma laboral, el brutal recorte del gasto social simultáneo al mantenimiento de los privilegios presupuestarios de la corona, la iglesia católica y las fuerzas armadas, la acentuación de un sistema fiscal regresivo, el retroceso en términos de derechos de las mujeres, la inhabilitación judicial de un juez emblemático como Garzón (por su investigación de crímenes de lesa humanidad y de una de las tantas tramas corruptas existentes) o el rescate público a la banca privada, entre otras medidas, tienen como corolario la instauración de un estado policial que se sustrae de las leyes de excepcionalidad que institucionaliza para actuar al margen de todo control democrático, generalizando la suspensión temporal de derechos en nombre de una situación de urgencia.

En efecto, en nombre de esa urgencia, la derecha gubernamental española -presionada internamente por sus facciones más ultraconservadoras y a nivel externo por una unión europea cooptada por el poder financiero global- no tiene más respuesta ante las diversas demandas sociales que la criminalización de los participantes en las manifestaciones sociales y la usurpación policial del espacio público en nombre del orden social. El propio emplazamiento ideológico sitúa al partido gobernante en el dilema de cargar contra los manifestantes y atizar la indignación colectiva o de permitir su movilización y contrariar los deseos de una parte significativa de su electorado.

La resolución al dilema no ha tardado demasiado en llegar: la apuesta por judicializar los conflictos sociales resulta clara. Que para esa tarea la policía se emplee a fondo, imputando a los manifestantes delitos de desorden público, resistencia y desobediencia a la autoridad (a pesar de las evidencias en sentido contrario), no debería hacernos perder de vista algo mucho más grave: no sólo que el aparato represivo estructurado durante el franquismo nunca fue desmontado sino que lo que está en curso es una política transversal en Europa, producto del desplazamiento de una variante social-demócrata más o menos benevolente del capitalismo a una variante neoliberal mucho más virulenta. 

La adquisición millonaria de materiales antidisturbios ya hacía prever esta intensificación de las políticas represivas en España. Que enfrente estén miles de ciudadanos protestando (desde parados y estudiantes, pasando por políticos de izquierda y miembros de sindicatos minoritarios hasta trabajadores del sector público o jubilados) no parece conmover en lo más mínimo al nuevo bloque gobernante. La escalada autoritaria acaba de empezar. Bajo la supervisión de unas instituciones políticas europeas subordinadas a las oligarquías financieras, el partido gobernante tiene vía libre para proseguir la dirección que ya se figuraba en el anterior gobierno nacional: destruir los últimos restos del estado de bienestar, disciplinar a las clases trabajadoras y consolidar el gran capital financiero y empresarial.

Erigido en mayoría absoluta por una ley electoral antidemocrática que suelda legalmente el bipartidismo como política de estado y a pesar de ser una primera minoría (recuérdese que el PP apenas obtuvo el 30 % de los votos del censo electoral), el gobierno actual sabe que las políticas de ajuste y el rescate de los agentes financieros no se producirá sin resistencias sociales relevantes. De ahí la decidida apuesta por criminalizar a los grupos y movimientos sociales contestatarios que ponen de manifiesto el malestar colectivo. Su objetivo político no es tanto suprimir de lo público las protestas sociales (objetivo que no puede sino fracasar estrepitosamente) sino domesticarlas, esto es, regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, en suma, procurar controlar un devenir que, de otro modo, podría dar lugar a lo imprevisible, a la puesta en acto del fantasma de la revuelta o de lo que hay de excedente incontrolable en el acontecimiento.

No es sólo un problema de arrogancia amparada en una mayoría parlamentaria (manifiesta por lo demás en cargas policiales tan desproporcionadas como torpes en la previsión de sus efectos negativos); lo que está en marcha es la construcción de un poder soberano para-estatal que consolide un modelo de acumulación basado en la concentración de la riqueza y en el disciplinamiento social. Que para ese fin se produzca una “movilización total” del bloque dominante no debería extrañar, empezando por el despliegue de una retórica cínica que recuerda las peores anticipaciones de Orwel en 1984: desde esa perspectiva, no hay vacilación alguna en presentar de forma invertida la reforma laboral como una “garantía de empleo”, la destitución vergonzosa de Garzón como un “ejemplo del estado de derecho”, el recorte (selectivo) como una “medida para preservar el estado de bienestar” o el salvataje de entidades bancarias privadas como una “defensa del interés general”. Que los portavoces de las clases dominantes insistan en la limitación del derecho de huelga sin el más mínimo pudor democrático forma parte de esta escalada autoritaria requerida para alterar la anatomía de una formación social capitalista habituada hasta fechas relativamente recientes a un régimen de pequeños privilegios (basado en la promesa de un acceso ilimitado al consumo). Que ese régimen se haya sostenido históricamente por la transferencia del malestar a los países periféricos, tal como la izquierda más lúcida viene anticipando desde hace décadas, no niega el carácter ilusorio de esa promesa. El endeudamiento crónico, el empobrecimiento extendido y la metamorfosis de los mercados de trabajo (arrojando a millones de personas al paro y sobreexplotando a tantos otros) hacen visible lo que en una fase previa operaba de forma latente; a saber, que el modelo de crecimiento capitalista estructuralmente presupone la desigualdad de clases y, en última instancia, la pauperización de franjas sociales cada vez más vastas.  

En cualquier caso, el sesgo autoritario de la derecha gobernante señala la debilidad de su poder hegemónico al momento de legitimar unos cambios que ya vienen predeterminados por los organismos de crédito internacional y sus portavoces comunitarios. El salvataje de la burguesía financiera y empresarial tiene como contrapartida la precarización no sólo del trabajo sino de las condiciones de vida de las clases populares y medias españolas, precedida por la marginación y discriminación laboral e institucional de la población inmigrante y refugiada. La destrucción de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, las fuertes restricciones al acceso a los servicios públicos y la tendencia a su privatización (incluyendo la gestión de las pensiones, de la sanidad y de la educación terciaria), son otras tantas consecuencias necesarias de un sistema político cada vez más subordinado a los imperativos sistémicos. Que esa metamorfosis salvaje de la “sociedad” se haga en nombre del “interés público” no cambia las cosas. Como enfatiza Laclau, “la sociedad no existe” en tanto presunto orden unificado. Lo que persiste, más bien, es un tejido social escindido, en el que las clases dominantes han iniciado una ofensiva global sin precedentes. No cabe descartar que estemos llegando a un punto de no retorno, en el que la destrucción del medioambiente y la pauperización de las mayorías sociales se articula a la eliminación del considerado “excedente humano”, no sólo a través de guerras a medida del complejo industrial-militar trasnacional sino también a través de hambrunas locales, perfectamente evitables con controles mínimos sobre el sistema de especulación mundial.  

Que ese punto de no retorno sea sistemáticamente desconocido por parte de los medios masivos de difusión, esto es, que las políticas informativas hegemónicas no sean sino otra forma de desinformación crónica, funcionales a un complejo mediático-empresarial cada vez más concentrado, es otro signo de la escalada autoritaria que aludíamos previamente. La crisis de legitimidad sistémica se transforma en planificación del engaño. Al neoliberalismo económico –lo sabemos al menos desde las dictaduras latinoamericanas de los 70- siempre le sentó bien la “mano dura”. El autoritarismo político y el neoconservadurismo cultural son sus mejores aliados. Que en España esas tradiciones remiten a la perversa herencia franquista no parece dejar mucho margen de duda, pero eso no es óbice para recordar que la dinámica político-económica rebasa esa herencia histórica y compromete al capitalismo en su fase actual, no sólo como modo de producción de excedentes sino también como modo de destrucción planetaria.

Si lo que está en curso en una dimensión económica es una vertiginosa concentración de la riqueza social, lo que se hace manifiesto en el sistema político es, por usar la expresión de Rancière, un auténtico «odio a la democracia». Además de una afrenta radical contra las demandas de justicia, el nuevo (des)orden mundial ha activado una gigantesca máquina de trituración de vidas humanas, indiferente a cualquier regulación (o limitación) externa. Que esa máquina tenga sus beneficiarios concretos no niega el estado de descontrol en que se encuentra. Sus beneficiarios, en última instancia, no son más que engranajes o enganches atrapados en su funcionamiento maquínico.

En última instancia, ante esa dinámica, ni siquiera la derecha más totalitaria se propone clausurar toda manifestación de disidencia. No podría conseguirlo aunque se empecinara. La lógica del terror es demasiado onerosa y, en consecuencia, está reservada para aquellos colectivos que el poder económico-financiero soberano dictamina como no “integrables” por otros medios. Cuando no alcanzan los golpes de mercado, se los complementa con un uso controlado de la violencia policial. Im-poner el miedo en los cuerpos, fijarlos a la cuadrícula de lo políticamente previsible, en suma, taponar su energía revolucionaria, son algunas de las tantas modalidades sistémicas de atemperar esa disidencia, asimilándola como parte de la representación (teatral) del “juego democrático” (reducido a la lógica de alternancia de las oligarquías parlamentarias).

En las condiciones del presente, resulta cada vez más plausible la tesis de que estamos viviendo en un umbral en el que las fronteras entre “estado democrático” y “estado totalitario” tienden a hacerse cada vez más difusas (lo que no significa que coincidan plenamente). Hay motivos más que razonables para sospechar que estamos internándonos en esa zona indiscernible donde “democracia” y “totalitarismo”, “autogobierno” y “dictadura”, ya no forman alternativas formales de una dicotomía política sino elementos de una conjunción sistémica. Podría incluso argumentarse que no se trata en absoluto de una conjunción sino de una fagocitación creciente del primer término por el segundo. Lo que está en peligro, en ambos casos, es el proyecto de una sociedad en el que la autonomía individual y colectiva no sea una mera pantalla de una sociedad administrada.

Aunque este peligro no sea estrictamente novedoso, su intensificación presente en el contexto europeo quizás sea indicio de una ofensiva sin precedentes. A la política del miedo que quieren institucionalizar, la réplica de la izquierda radical no puede ser otra que la politización radical de las actuales formas institucionales. Ante la reestructuración del capitalismo nuestra apuesta debería ser la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana. Desafiar el miedo, en este punto,  deviene práctica activa de la disidencia.

CÁLCULOS, CÁLCULOS Y MÁS CÁLCULOS...

Pienso que no es momento de que los sindicatos o centrales sindicales y todas las organizaciones obreras estén calculando los rendimientos propios de una huelga indefinida, general y salvaje, sin servicios mínimos nis mandangas.

Los cálculos queden para los otros, sinvergüenzas, políticos del contubernio, prestamistas y demás neofeudales recrecidos que son un atajo de badulaques, oportunistas y bocas y culos agradecidos.

La situación es bélica desde hace ya demasiado tiempo. Perdemos, los pobres, día tras día, mes tras mes, año tras año los pocos y pequeños logros para disponer de un poco de dignidad vital. Esos pequeños logros cubiertos de una gruesa capa de sangre, sudor, sufrimientos y lágrimas de aquellos valientes trabajadores que precedieron a esta nuestra generación de conformistas esclavizables, cómodos, iletrados por egoístas....

No equivocarnos, ahora es siempre el momento de responder y decir ¡basta ya!

Siempre fue ahora el momento. Cada vez que golpeaban con una limitación por aquí, una reducción por allá. Se cedió entonces cada vez y cada vez el golpe es más fuerte.

Sin sufrimiento no se ganan batallas y menos una guerra despiadada como ésta.

Es el momento de que esos sindicatos llamados mayoritarios recapaciten sobre su servilismo al poder y tiren para adelante. Muchas de las otras organizaciones han estado enfrentadas a estas agresiones y han sido difamadas y ninguneadas por su posición contra cambalaches y conchabamientos. Pues ya es hora de que todos los trabajadores volvamos a pelear juntos contra la orda de indecentes que nos desgobiernan y manejan y desmadejan. Antes, los otros con piel de pobretes y ahora, estos con armiños de pudientes.

O gobernamos nosotros, los que seamos, desde cada casa, cada taller, cada oficina, cada fábrica, cada escuela o nos acaban de desgobernar.
Cajas de resistencia ya y al ataque, que son pocos, aunque feroces, ¡los lobos cabrones! 

Y no digo más.

Salud y fuerzas.  

COTILLEO BIENINTENCINADO. ¡EH!

¡Felicidades, Maritere! Se te ve fenomenal.

¡SON PPDESVERGONZADOS. YA LO SABEMOS.

http://esinformacion.blogspot.com/2012/02/lo-que-no-quiere-contestar-de-guindos.html

 A lo que no quiere contestar De Guindos

 
Texto íntegro de la réplica del portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, al ministro de Economía y Competitividad antes de la votación en contra de los 11 diputado/as de IU, ICV-EUiA, CHA al Decreto-Ley de Saneamiento del Sector Financiero.

Gracias, señor presidente. Gracias, ministro De Guindos, por la explicación del decreto de convalidación que vamos a votar hoy. Se ha presentado este decreto en diferentes foros como el ‘decreto del continuismo’, continuismo con las políticas del Partido Socialista durante el Gobierno anterior, continuismo con las ayudas a los bancos que es, en última instancia, lo significa este decreto.

Estoy de acuerdo en que este es un decreto de continuismo con la política anterior; sin embargo, no creo que eso tenga que ser motivo de alegría, porque llevamos ya más de cuatro años de crisis, la mayoría intentando reformar el sistema financiero para corregir sus distorsiones, y ese continuismo, esas políticas no han servido para solucionar los problemas de la economía española, por tanto, no hay que felicitarse por que esta sea una reforma de continuismo, que lo es. Es verdad, es un continuismo de las políticas anteriores, y no hay que beneficiarse ni felicitarse por ello.

En esta reforma, señor De Guindos, se han presentado como objetivos supuestamente teóricos corregir los problemas de crédito, la falta de fluidez del crédito a la economía real y acabar con la desconfianza en los activos financieros de la banca. Es notorio que la mayor parte de los economistas que están evaluando esta reforma consideran que estos objetivos no se van a cumplir. No se va a cumplir la reactivación del crédito ni acabar con la desconfianza que reina sobre el sistema financiero español. Sin embargo, el señor De Guindos no es de los que dan puntada sin hilo, por lo tanto, algún objetivo real tiene que tener esta reforma, un objetivo que sí funciona, un objetivo que va a servir de verdad; es el objetivo de facilitarles a los bancos acceder a los recursos económicos y humanos de las cajas de ahorros, es decir, ponerle la puntilla final a las cajas de ahorros cuando se procedió a privatizar progresivamente los recursos de las mismas.

Venía diciendo que el objetivo real de este decreto es definitivamente hacerse con las cajas de ahorros, terminar el proceso de privatización; el objetivo real es ayudar a la Banca, a los grandes bancos e incrementar la concentración que existe en el sistema financiero español. Ese es el objetivo real y ese sí va a funcionar. Sin embargo, los que han dicho que iban a ser los objetivos teóricos, esos no lo son, esos son simplemente señuelos.

Este proceso de incrementar la concentración de los bancos tiene también grandes pérdidas. Hablamos de pérdida de empleo, de todos los empleados que van a ser despedidos en los procesos de fusiones; procesos que va a tener la ayuda pública del FROB; procesos que vamos a pagar con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles; procesos que van a destruir trabajo y que van a hacer recaer sobre los empleados de las cajas de ahorros, sobre los empleados de las entidades financieras la responsabilidad de una pésima gestión en las cajas y en los bancos. Sobre ellos ya está recayendo, de hecho, la frustración razonable de la gente cabreada por las estafas bancarias, por los abusos financieros. Todos esos empleados son los que, a nivel de la calle, tienen que responder ante la frustración de la gente; incluso, desgraciadamente, tenemos ya casos de suicidios entre los empleados de las cajas de ahorros. Precisamente este es uno de los sectores, el de los empleados de las cajas de ahorros, que va a sufrir este proceso que vamos a pagar entre todos con dinero público, con esos 6.000 millones que van a incrementar el FROB.

También tenemos un efecto perjudicial más, que las cajas de ahorros van a verse absorbidas por los grandes bancos y se va a distorsionar su función. Las cajas de ahorros tienen una función de conexión íntima con el territorio, de financiamiento de las economías más locales, más territoriales; los grandes bancos tienen intereses radicalmente distintos, ellos especulan en los mercados financieros internacionales, ellos tienen un modelo de negocio orientado más hacia lo internacional que hacia lo local; así que vamos a ver cómo la economía local se va a ver retirada de un instrumento tan poderoso como debían haber sido las cajas de ahorros.

Además, tenemos el coste de oportunidad del dinero público que se va a dedicar al FROB, porque esos 6.000 millones de euros que se van a dedicar a añadirse al FROB se podrían haber dedicado en cualquier otra razón, por ejemplo, a fomentar la innovación en nuestro país porque, paradójicamente, mientras hablamos de un cambio de modelo productivo, de la necesidad de cambiar ese modelo productivo de la especulación, ayudamos con 6.000 millones en esta reforma a los procesos de concentración bancaria y, a la vez, hacemos un recorte de 600 millones en innovación y ciencia. Es radicalmente una aberración.

Uno de los planteamientos del señor De Guindos es que se va a reactivar el crédito; dice el señor De Guindos que aumentando las provisiones en realidad no les estamos ayudando. Es cierto, simplemente estamos obligándoles a incrementar las provisiones. Pero esta medida no es ni suficiente, porque ya sabemos que los activos tóxicos son por más de 200.000 millones de euros y esta provisión sólo es de 50.000 millones, ni tampoco es nada nuevo. Desde el año 2008 los bancos han provisionado ya 100.000 millones de euros, luego esta reforma, este incremento de las provisiones no es ni suficiente ni nuevo. Además, nos hemos enterando en los últimos días que la mitad de las provisiones serán meros ajustes contables, las entidades han reconocido que simplemente será un cambio en la forma de llevar su contabilidad, no hay un cambio fundamental en el flujo del crédito.

Otra cuestión, la enorme paradoja que representa que cómo le podemos pedir a los bancos que den crédito cuando les estamos obligando a detraer recursos para hacer provisiones, y si esos recursos estaban ahí, ¿por qué no prestaban ya?, ¿por qué no estaban prestando antes, cuando tenían esos recursos que ahora les pedimos sirvan para provisiones? Además, los grandes bancos ya tienen acceso a los mercados como el Banco Central Europeo, liquidez muy barata que les permite tener barra libre para el acceso a la financiación. Si no fluye el crédito no es solo por lo que estamos hablando de activos tóxicos, es sencillamente porque hay un problema en la economía real, un problema con el marco financiero regulatorio y con el incremento de la desigualdad que estamos sufriendo; en definitiva, si los bancos no están dando créditos es porque la economía real no lo está absorbiendo, no lo está demandando y no lo está permitiendo.

Esta reforma, este decreto, no va a permitir que fluya el crédito. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir por las razones ya esgrimidas, pero hay una cuestión fundamental: el meollo de este decreto financiero aparte de la concentración bancaria es hablar de los activos tóxicos. En esta reforma se habla de los activos tóxicos y de la necesidad de sanear el sistema financiero, pero no se está hablando de la responsabilidad de esos activos tóxicos que tenemos que pagar ahora todos, que ya hemos pagado con creces en los años anteriores. ¿Quiénes son los responsables de que se haya generado tanta basura financiera en nuestro entramado y en nuestra economía?

Esta mañana, señor De Guindos, el Grupo Mixto y nuestro grupo hemos presentado una petición de Comisión de investigación para que esta Cámara investigue las causas de la crisis financiera, para que investigue a los responsables, a los reguladores, a las entidades financieras, a todas las entidades que tienen que ver con la burbuja inmobiliaria. Se hizo en Estados Unidos y salió relativamente bien. Esperamos que esta Cámara apruebe esa Comisión de investigación para reflejar quiénes son los culpables y los causantes de esta crisis y exigir responsabilidades, porque todavía en este país, a diferencia de Suecia en los años noventa; a diferencia de Nueva Zelanda, actualmente, o de Islandia, en este país ningún culpable ha pasado por la cárcel todavía, ningún regulador se ha hecho responsable de la dejación y de la negligencia que supone haber dejado crecer todos los activos tóxicos.

Y mientras esto sucedía, el gobernador del Banco de España, cuya función era supervisar que esta economía fuera bien, la estabilidad financiera, prefería atacar continuamente a los sindicatos, prefería hablar continuamente de moderación salarial, prefería hablar de todo aquello que no le incumbía, mientras su casa se estaba convirtiendo en un campo de minas que nos ha estallado en la cara a todos los españoles y que estamos pagando nosotros. Esa es la realidad.

El señor De Guindos lo ha dicho muy bien: hemos tenido un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. Un modelo de crecimiento que ha permitido que los bancos hagan millonarios beneficios durante los años de burbuja inmobiliaria, mientras los salarios permanecían estancados o en términos reales o incluso caían. Esa es la realidad, y el endeudamiento ha llevado a que hoy nuestra economía está endeudada por un 355 por ciento del PIB, del producto interior bruto, sin embargo, tenemos que desagregar quiénes han sido los responsables de ese endeudamiento, quiénes son los que más se han endeudado. Es muy sencillo. Los hogares han incrementado los últimos 10 años su exposición al crédito en un 37 por ciento del PIB, un 37 los hogares; las entidades no financieras, un 60 por ciento del PIB y el Estado, un 1.

El Estado ha incrementado su endeudamiento un 1 por ciento respecto del PIB en los últimos 10 años. ¿Y qué tenemos? Tenemos una reforma laboral para atacar a los hogares, para empobrecerlos; tenemos una reforma fiscal para empobrecer al Estado y para hacer recaer los problemas sobre el gasto público, la inversión pública y sobre quienes no han tenido esa responsabilidad, y tenemos una reforma financiera, esta aquí presente, que lo que hace es ayudar a los bancos. Esta reforma es una ayuda a los grandes bancos y no resuelve los problemas de la economía real, por lo tanto, esta crisis tiene culpables y responsables y hay alternativas. Esta reforma se plantea, insisto, con un objetivo muy claro, que es ayudar a los grandes bancos en ese proceso de fusión y que va a tener consecuencias a medio plazo. Sabemos, a lo largo de esta crisis, que a las entidades demasiado grandes no se les deja caer; se les rescata con dinero público. Lo estamos viendo en los últimos años en todo el mundo. Lo que estamos consiguiendo con esta reforma es que cada vez haya menos entidades y cada vez sean más grandes. Así que no nos sorprenda si dentro de unos años, cuando caigan estas grandes entidades, estos monstruos que vamos crear con este decreto-ley tengamos que rescatarlos con nuestro dinero. Nos lamentamos ahora, nos lamentaremos después, pero el problema está hoy y el problema se convalida en esta sesión.

Hay que hablar de por qué no fluye el crédito. El crédito no fluye porque hay incentivos financieros que permiten que a un banco le salga más rentable especular en los mercados financieros que prestar a las empresas o a los hogares. Eso es así porque no se han querido hacer ni acometer reformas ni regulación financiera. Incluso ahora vamos al revés; hoy han vuelto a activar la especulación con las ventas a corto en nuestro país, en nuestra economía. Además, tenemos que hablar de la realidad: la gente no está pidiendo prestado porque la gente se está desapalancando y las empresas también; están devolviendo deudas, están empobreciéndose; y en la medida en que se están empobreciendo por los recortes, por la moderación salarial, por el desempleo no van a volver a pedir prestado porque su preocupación ahora mismo es otra.

Señor De Guindos, usted sabe perfectamente que los activos tóxicos van a seguir creciendo. Da igual cuánto provisiones, pero en un momento de recesión, en un momento de falta de demanda los activos tóxicos van a seguir creciendo en las entidades financieras. El 73 por ciento de los activos bancarios son propiedad, están vinculados a prestatarios españoles; repito, el 73 por ciento. Si queremos sanear verdaderamente el sistema financiero español lo que tenemos que hacer no es ayudar a los bancos, es ayudar a las familias; tenemos que ayudar a las familias y, por qué no, hacer un plan de refinanciación de hipotecas con descuento; tenemos que seguir ayudando a los que menos tienen y a los que no han tenido ninguna culpa en esta crisis; todo lo contrario que lo que plantea este decreto-ley y las sucesivas reformas que está haciendo este Gobierno.

Necesitamos, sobre todo, plantear la cuestión del modelo productivo, señor De Guindos. Por qué, ¿de qué nos sirve tener un sistema financiero que no responda a la economía real, si esa economía real está destrozada porque tenemos un modelo productivo totalmente desfasado, que no se puede recuperar por más que se intente reactivar las deducciones por vivienda y reactivar la burbuja inmobiliaria? Tenemos que hablar de un modelo productivo, tenemos que hacer un plan estratégico de Estado. Hace falta altura de miras para cambiar este modelo productivo desfasado y no se hace ayudando a la Banca. Al contrario, la Banca no está sirviendo para nada, está siendo un pozo sin fondo en el que dejamos dinero y dinero continuamente; los años siguientes seguimos metiendo más dinero y no funciona. El sistema financiero está distorsionado, y lo que tenemos que hacer es plantear alternativas, la alternativa de un sistema de Banca Pública. Usted ha hablado de sacar músculo con las entidades financieras, y qué mejor músculo que la Banca Pública, aprovechar las cajas de ahorros para generar una nueva banca pública que permita que fluya el crédito. Y no sólo que permita que fluya el crédito, sino que sea una Banca Pública ética; una banca que permita generar líneas de crédito baratas a los sectores que queremos que sean los pilares de nuestro modelo productivo; una banca ética que nos permita ayudar a la ciudadanía que está sufriendo los desahucios, ayudar a la ciudadanía que está sufriendo los niveles de paro.

Para eso hablaba antes de cambiar, de invertir la relación, de dejar de ayudar a la Banca y ayudar a otros sectores como el de la innovación. ¿Cómo es posible que tengamos una tasa de reposición cero en investigadores de ciencia, que es una inversión en medio y largo plazo? ¿Cómo es posible que hayamos hecho un recorte de 600 millones de euros en innovación y desarrollo y hoy hagamos una ayuda de 6.000 millones de euros a la banca? ¿Cómo es posible eso, cómo se entiende? Solo se puede entender aceptando que este Gobierno tiene el propósito de ayudar a las grandes empresas y a los grandes bancos; esa es la real situación de este decreto.

Así que yo le pido a la Cámara que ayude a la gente que lo necesita, no a un sistema financiero que sólo consigue absorber dinero que luego no utiliza para el beneficio de la sociedad, por lo tanto, pido que este decreto se tramite como proyecto de ley para que podamos debatir e ir haciendo modificaciones y, además, pido que la Cámara se posicione en contra de este decreto, porque nuestro grupo así lo va a hacer. Muchas gracias.

LAS MINAS ASESINAS.

PASAOS POR CASA QUERIDA.

 Extraordinario y muy inteligente artículo. Aquí no me queda más que felicitar al autor.

Salud.

http://casaquerida.com/2012/02/15/la-madre-del-cordero/